in extrema hora

El precio político

 

Fundación Sindical de Estudios

 

Autor: fse  Fecha: 19/03/2007

Artículo de opinión de Enrique Tordesillas, colaborador de "El Periodico de Aragón", quien considera que es demasiado importante lo que esta pasando en el pais y que las organizaciones sociales y los ciudadanos tenemos que implicarnos en la defensa de los valores democráticos.

La estrategia de la tensión diseñada por el PP desde que perdió las elecciones, parece no tener límite. Desde el principio ha optado por una oposición frontal, sin concesiones, a casi todas de las iniciativas del Gobierno, especialmente a aquellas en las que es más fácil hacer demagogia y apelar a los sentimientos en lugar de a la razón. Las campañas contra la moderada reforma educativa, los matrimonios homosexuales o las reformas estatutarias son buenos ejemplos, pero la estrella, la que se ha mantenido constante en el tiempo, ha sido la política antiterrorista.

La política antiterrorista jamás había sido motivo de confrontación entre los dos partidos mayoritarios. Quizás por eso, una vez tras otra, el Gobierno parece descolocado, a la defensiva y sin ser capaz de hilvanar un mensaje claro ante las ofensivas de la oposición. Si a esto le sumamos la complejidad de la actual coyuntura en la lucha antiterrorista y lo fácil que es hacer demagogia con este asunto -con frecuencia los políticos utilizan un discurso simplista y maniqueo, como si nos considerasen a los ciudadanos inmaduros, incapaces de utilizar el sentido común y analizar las cosas aunque estas sean complejas, y esto al final se paga- no es de extrañar que la ofensiva del PP ante la concesión del segundo grado a De Juana haya descolocado incluso a buena parte del electorado socialista.

De nada vale que De Juana estuviese condenado por amenazas y no por terrorismo, que la sala de la Audiencia Nacional a la que tocaba decidir sobre su excarcelación fuese favorable a la misma, que empezase su huelga de hambre contra la voluntad de ETA y Batasuna, que los informes médicos señalasen el grave deterioro de su salud, que el juez de Vigilancia Penitenciaria estuviese de acuerdo con la excarcelación o que seguirá cumpliendo la pena bajo vigilancia domiciliaria.

De nada vale tampoco la evidencia de las reiteradas mentiras del PP, primero con la pretendida complicidad de ETA en el atentado del 11-M, luego conque las siete plagas que nos iban a llegar de la mano del Estatut, con la entrega de Navarra a la serpiente terrorista, que vuelve a aparecer en primer plano sin que nada lo justifique... Una nueva mentira ha calado, y lo que ha quedado en el subconsciente de mucha gente es que el presidente Zapatero ha puesto en libertad a un terrorista.

Al final el Gobierno va a pagar un precio político, pero no a ETA y su entorno como dice Rajoy, sino el precio político de aparecer ante buena parte de la ciudadanía como incoherente, débil y cediendo al chantaje de ETA.

Pero lo peor no es que el Gobierno pague un precio político, lo más grave es que también lo vamos a pagar los ciudadanos. La tormenta desencadenada por los populares amenaza con llevarse por delante la estrategia reformista impulsada por Zapatero, deteriorar el clima de convivencia y sentar las bases de una notable involución política.

El Gobierno ha dejado relegado para mejores tiempos parte del programa electoral del PSOE (el proyecto de abrir un debate sobre la eutanasia es un ejemplo), ha tenido que retirar proyectos como el de la ley sobre la publicidad del vino y ha cedido a las reivindicaciones de la Iglesia sin ninguna justificación social y sin que por ello la jerarquía católica haya disminuido el nivel de confrontación con la política de Zapatero.

La crispación que esta provocando el Partido Popular no se queda en los ámbitos político y mediático, cada día se dan más casos, entre familiares, vecinos o compañeros de trabajo, en los que se rehuye hablar de política para evitar enfrentamientos personales. En el mejor de los casos estamos ante un proceso que lleva a la desconfianza y el alejamiento de la política.

Por otra parte lo que la derecha perdió por voluntad popular hace tres años, pretende recuperarlo alentando un posicionamiento partidista de las Instituciones del Estado: se recusa de un miembro del Tribunal Constitucional para que no participe en la decisión sobre la constitucionalidad del Estatuto Catalán, se impide que la Sala de la Audiencia Nacional correspondiente se pueda pronunciar sobre la excarcelación de De Juana, se cambia de manera irregular la composición de la Sala Especial del Supremo, encargada de resolver sobre la posible participación electoral de la izquierda abertzale y el Tribunal de Cuentas pretende controlar la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, competencia clara del Gobierno. El Poder Judicial y otras Instituciones del Estado están entrando de lleno en un ámbito político que no les corresponde, en detrimento de la separación de poderes propia de un Estado de Derecho.

La extrema derecha (la de dentro y la de fuera del Partido Popular), que ha encontrado en la política de la dirección del PP el caldo de cultivo que se le había negado durante años, está cada día más crecida y amenazante ante el desconcierto de los partidos de centro e izquierda que, hasta ahora, no han sabido como reaccionar.

Es imprescindible que el Gobierno retome la iniciativa política y siga desarrollando su programa, pero me temo que, aunque esto sea condición necesaria, no va a ser suficiente imponer otra agenda en la que la política económica, la ampliación de derechos o las medidas de protección para los colectivos más vulnerables sean el eje. Estamos ante una ofensiva de la derecha política, social y religiosa para desestabilizar al Gobierno y aparecer como salvadores de la Patria y como la confrontación no se puede basar en la evolución de la economía, hace años que no teníamos una situación tan favorable, está planteada en el terreno ideológico.

Los dirigentes del PP y sus aliados, que no pretenden dar alternativas a la política del Gobierno, están apelando a los valores más conservadores de la sociedad española (aun existentes después de tantos años de nacional catolicismo) recordando unos tiempos en los que la que la Iglesia imponía las normas morales, la Patria (es decir, España) era una unidad de destino en lo universal, dialogar con el enemigo (por ejemplo con ETA) se consideraba como una grave traición y no existía la presunción de inocencia y era el acusado (en este caso el Gobierno) el obligado a demostrar que no se ha plegado a las exigencias de la banda terrorista.

Hacía mucho tiempo que no se vivía una situación así. Está claro que la derecha tiene raíces profundas y que para avanzar en una sociedad democrática no es suficiente con promulgar determinadas leyes, es imprescindible no ceder en la defensa continua de valores democráticos. Esto, que debería formar parte de la actividad cotidiana de las organizaciones políticas y sociales, se ha olvidado con demasiada frecuencia en beneficio de la política pragmática del día a día (“No importa que el gato sea blanco o negro si caza ratones”, decía Felipe González), con el consiguiente debilitamiento de las ideas progresistas. Los avances conseguidos en los años de democracia no son irreversibles y si las ideas retrógradas impulsadas por el PP no encuentran oposición, irán calando en la sociedad y se pondrán en cuestión parte de los derechos conseguidos en los últimos tiempos.

La estrategia del PP difícilmente le conducirá a recuperar el gobierno, pero si no somos capaces de contrarrestar la ofensiva de la derecha, gobierne quien gobierne, lo hará en una sociedad más crispada, más atemorizada y menos democrática que la actual. Lo que está pasando es demasiado importante como para dejarlo solo en manos de los partidos políticos – que a veces parecen más preocupados de conseguir votos que de saber que quieren hacer con ellos- también las organizaciones sociales y los ciudadanos tenemos que implicarnos en la defensa de los valores democráticos. Nos jugamos algo más que un cambio de gobierno.

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